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Peritos de seguros

Los peritos de seguros existen desde hace muchos años y seguirán.

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Peritos judiciales como Peritos de seguros

Los peritos de seguros existen desde hace muchos años y seguirán, sin duda, durante muchos más, además los mismos con los años han ido adquiriendo una importancia capital en el seno de las aseguradoras, sobre todo, dado al auge al intento de fraude contra las mismas.

Los peritos de seguros desde siempre han tenido una función principal que ha sido la de cuando se produce un siniestro verificar ese siniestro y valorarlo, cuantificarlo y tasarlo según corresponda para que la compañía pueda realizar los desembolsos que correspondan según las garantías cubiertas. Los peritos desde siempre han tenido esta función principal si bien la parte de verificar el siniestro en muchas ocasiones no era necesaria, pero en los últimos años la realidad ha cambiado.

En los últimos lustros, el intento de engañar a las aseguradoras fingiendo siniestros o amplificando sus efectos para percibir indemnizaciones o para conseguir unas de mayores ha crecido y crece exponencialmente, con ello también ha llegado la necesidad de que los peritos de seguros redoblen sus esfuerzos en combatir en estos intentos de fraude detectándolos y evitando que las compañías se vean obligadas a pagar por falsos siniestros o bien a pagar de más por siniestros verdaderos pero magnificados.

Por supuesto, no todos los siniestros que se comunican son falsos ni sospechosos de ser magnificados, en realidad los casos dudosos o directamente fraudulentos son una clara minoría, pero una minoría que de no combatirse puede comportar pérdidas millonarias anuales para cualquier aseguradora.

Así, por todo ello, en la actualidad, las aseguradoras siguen teniendo en sus peritos a la figura principal para evaluar y valorar los daños producidos en un siniestro, pero los peritos de seguros además han visto redoblada esa necesidad de fiscalizar los siniestros antes de valorarlos.

Un apunte interesante a realizar sobre el fraude en los seguros y los peritos de seguros es que en realidad unos y otros han ido paradójicamente en la misma senda ascendente. Dicho de otro modo, el alza de este tipo de fraudes ha comportado una cada vez mayor y mejor especialización de los peritos de seguros, así como de los medios técnicos que los mismos disponen para detectar esos fraudes, a la vez que los defraudadores cada vez han ido depurando más sus tretas y estrategias para dificultar la labor de los peritos de seguros en su descubrimiento.

En lengua castellana se define al perito como la persona experta, hábil o experimentada en una determinada materia, ciencia o arte. En ocasiones la intervención de estos especialistas es necesaria en los procesos judiciales para suplir con sus especiales conocimientos las carencias que sobre ellos pueda tener el juez o el magistrado, es entonces cuando hablamos de la prueba pericial.

Existen muchos tipos diferentes de peritos, pero unos de los más habituales son los peritos de seguros. En este caso se trata de expertos en la técnica aseguradora y el contrato de seguro.

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados define define a estos profesionales de la siguiente manera, “Son peritos de seguros quienes dictaminan sobre las causas del siniestro, la valoración de los daños y las demás circunstancias que influyen en la determinación de la indemnización derivada de un contrato de seguro y formulan la propuesta de importe líquido de la indemnización”.

Dentro de los peritos de seguros hay además especialidades como la de perito de seguros de automóvil, perito de seguros de embarcaciones de recreo, perito de seguros de incendios y riesgos diversos, perito de seguros agrarios y perito de seguros médicos.

El perito se encarga de investigar y analizar las causas del siniestro asegurado a fin de poder determinar si la póliza contratada cubre o no el siniestro producido y sus causas. El siguiente paso en la labor del perito es la valoración de los daños, tratándose de daños a personas, se valoran tanto los daños físicos como los psíquicos.

El siguiente paso es valorar las circunstancias que influyen en la determinación de la indemnización derivada del contrato de seguro, a fin de determinar si debe aplicarse la cobertura en su totalidad o si por el contrario debe aplicarse una regla proporcional o una regla de equidad. Finalmente el perito elabora una propuesta de importe líquido de la indemnización.

La labor de los peritos de seguros se da con mayor frecuencia fuera del ámbito judicial, desarrollando las labores que se han referido anteriormente. La intervención del perito de seguros en un proceso judicial se suele dar cuando existe disconformidad entre la propuesta de indemnización dada por el perito y lo que considera el perceptor de la indemnización que debería haber recibido.

En caso de que la propuesta de indemnización elaborada por el perito de seguros no sea aceptada, se intentará solucionar el problema a través de la designación de peritos por cada una de las partes. Si tras la intervención de estos tampoco hubiera acuerdo, se puede acudir a la designación judicial de peritos si no hay acuerdo entre las partes para nombrar nuevos peritos.

En el supuesto de que el asegurado decida impugnar la propuesta de indemnización ante la justicia, la entidad aseguradora quedará obligada a abonar el importe mínimo de indemnización al que hace referencia el artículo 18 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro.

Los peritos, en el ejercicio de su función, están obligados a actuar con objetividad e independencia, siguiendo las reglas éticas propias de su profesión. Sin embargo, como seres humanos que son, los peritos también pueden cometer errores, surgiendo entonces la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil es la obligación que surge para una persona de resarcir o indemnizar el daño provocado por sus actos, deriven los mismos o no de un contrato previo. En el caso de los peritos de seguros, la responsabilidad civil suele surgir cuando hay una mala praxis por su parte.

Son peritos de seguros aquellos profesionales con conocimientos suficientes para determinar las causas de un siniestro y valorar los daños y otras circunstancias que puedan influir en la determinación de la cobertura o no del incidente y de la indemnización que corresponde.

La intervención del perito de seguros puede darse de forma judicial o extrajudicial y en cualquiera de ellas el perito puede llegar a actuar de forma errónea, surgiendo entonces la responsabilidad civil.

La falta de una regulación adecuada sobre la profesión de perito de seguros ha sido una crítica manifestada por los profesionales que se dedican a esta labor desde hace ya muchos años. Al no existir una ley que regule esta profesión, tampoco hay una normativa que establezca de forma taxativa que tipo de profesionales pueden ejercer como peritos de seguros y cual es la forma correcta de actuación de los mismos.

Para poder reclamar una indemnización por responsabilidad civil a un perito, es necesario que quede demostrado que ha existido una mala ejecución de sus obligaciones profesionales, algo que resulta mucho más difícil al no existir un criterio unificado sobre cual es la forma correcta de actuación de estos profesionales.

En la mayoría de los casos se aplica el sentido común para diferenciar entre las acciones que es lógico que desarrollen los peritos de seguros y aquellas acciones que carecen de sentido en estos profesionales.

No obstante, siempre habrá que prestar especial atención a cada caso concreto, ya que muchos peritos de seguros han desarrollado sus propias técnicas de peritaje o incluso aplican las técnicas señaladas por sus clientes.

Para que proceda la indemnización por responsabilidad civil es necesario que exista un incumplimiento culpable de la obligación contraída, que se hayan producido daños y perjuicios a raíz de ese incumplimiento y que exista un nexo causal directo entre el incumplimiento y el daño o perjuicio sufrido.

La falta de legislación específica sobre las labores de los peritos de seguros, a la que se ha hecho referencia anteriormente, es la principal causante de que en la mayoría de procesos en los que se ejercita una acción de responsabilidad civil contra un perito de seguros resulte muy difícil demostrar que ha existo realmente una mala praxis, salvo en aquellos casos en los que el acto llevado a cabo por el perito de seguros contravenga la lógica más esencial.

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