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La imparcialidad del perito de parte

Está claro que quien nombra al perito de parte

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La imparcialidad del perito de parte

La prueba pericial es una de las más complejas reguladas en el ordenamiento jurídico español, lo que es debido en parte a que hay una gran cantidad de supuestos en los que puede ser necesaria la intervención de un perito judicial y esa intervención puede variar sustancialmente en función de cual sea su especialidad.

Imparcialidad, objetividad y neutralidad son obligaciones del perito de parte, así como del perito designado por la autoridad judicial.

La imparcialidad del perito de parte ha sido siempre una cuestión muy controvertida. Una cierta parte de la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que el perito a instancia de parte no puede ser totalmente objetivo precisamente por el hecho de haber sido contratado por una determinada persona con la idea de conseguir un dictamen que sea favorable a su causa.

Un ejemplo de ello es la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de fecha 18 de septiembre de 2006, que determina que: “la credibilidad que merecen los informes emitidos por los peritos judicialmente designados conforme a un método aleatorio debe reputarse muy superior a la de los emitidos por peritos privadamente contratados”.

Aunque como acaba de quedar demostrado, en la práctica pueden encontrarse jueces y Tribunales que conceden más credibilidad al informe redactado por un perito designado judicialmente que al informe redactado por un perito designado por una de las partes, lo cierto es que en principio deberían valorarse ambos por igual.

Está claro que quien nombra al perito de parte busca la ayuda de este profesional para hacer valer sus derechos dentro o fuera del ámbito judicial. Sin embargo, el perito debe respetar siempre su deber de objetividad, al margen de los deseos e intereses personales de la persona que le ha contratado. Si el perito hace valer su objetividad e imparcialidad, su informe será tan válido como el emitido por un perito designado por la autoridad judicial.

A pesar de la duda que suscita la imparcialidad del perito en cierta parte de la doctrina y la jurisprudencia, hoy en día la mayor parte de los juristas se inclinan a pensar (así lo recoge también la ley), que nada debe hacer dudar a priori de la imparcialidad del perito de parte.

A través de la sana crítica la autoridad judicial puede examinar si el perito ha actuado con objetividad, teniendo en cuenta el tipo de análisis o estudios que ha realizado, comprobando si sus conclusiones son lógicas y razonables y comparando esta prueba con otras presentadas en el procedimiento.

Para aquellos casos en los que la objetividad del informe pericial del perito de parte puede estar en entredicho, la legislación española prevé los supuestos de recusación y tacha de peritos, a fin de evitar que nadie con interés directo o indirecto en el proceso pueda intervenir en el mismo como perito.

En definitiva, no debe existir a priori diferencia entre perito de parte y perito judicial más allá de la forma de designación de cada uno de ellos. Considerar que el informe de uno tiene más valor que el del otro supondría restar toda la fuerza al dictamen de perito de parte, careciendo entonces de sentido su utilización en procesos judiciales.

El peritaje social es importante en el proceso judicial, pero también puede serlo antes de iniciar un proceso ante la Justicia, a fin de intentar alcanzar un acuerdo entre la víctima y la empresa que evite el proceso judicial.

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