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¿Que es un informe pericial?

Cuando se habla de informes periciales en muchas ocasiones tan sólo vienen a la mente de muchas personas aquellos informes periciales debe ser emitido por un Perito judicial, que son llevados a cabo para resolver cuestiones que se dirimen en siniestros ocurridos en el ámbito de las pólizas de seguros y como mucho en los asuntos relacionados con lesiones en las cuales se encarga un perito judicial para determinarlas, pero existen muchos más supuestos de informes periciales que deben tenerse en cuenta.

Obvia y evidentemente los dos supuestos anteriormente son algunos de los supuestos donde los informes periciales tienen un impacto muy grande y no sólo quedan los mismos circunscritos al ámbito administrativo, también pueden alcanzar el ámbito judicial en el caso de que los asuntos relacionados por ejemplo con temas vinculados a los seguros de hogar, seguros de coche o muchos otros terminen ante los tribunales.

Los supuestos anteriores son algunos de los que tienen un mayor impacto tal y como se decía sí, pero en ningún caso son ni mucho menos los únicos ni en ocasiones los más destacados. Los informes periciales pueden abarcar tantos y tan amplios ámbitos como casos puedan existir.

Informes periciales para demostrar en base a un análisis pericial caligráfico la autenticidad o no de una firma manuscrita, informes periciales informáticos donde se pueda intentar demostrar que un sistema informático ha sido corrompido o no lo ha sido o que una transmisión electrónica ha sido viciada o bien que mantiene su integridad. Las variables son muchas y los ámbitos de actuación también: puede alcanzar tanto a particulares como empresas.

Llegados a este punto puede uno preguntarse cómo puede darse por valido absolutamente un informe pericial, ¿el mismo no tiene lugar a error? Lógicamente 100% seguro no hay nada en la vida y en todo existe un margen de error, lo que sucede es que en el caso de los informes periciales este margen es irrisorio y es la forma actualmente técnica y científicamente más avanzada para sacar conclusiones concluyentes que permitan resolver cuestiones que de otro modo no serían fáciles, o incluso que serían imposibles de resolver.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre (en vigor desde el 1 de enero de 2016), no sólo ha reformado el sistema para valorar los daños y perjuicios ocasionados a las personas en accidentes de circulación, también ha introducido destacadas novedades relacionadas con las indemnizaciones en el ámbito del seguro obligatorio. No en vano, la nueva norma modifica el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor e incorpora una figura que puede ser revolucionaria para la labor que desempeñan los peritos médicos y, en general, para todo el ámbito de la gestión de los accidentes de circulación: el informe pericial médico complementario.

Así las cosas y según establece el punto 5 del nuevo artículo 7, los perjudicados que no se muestren conformes con la oferta motivada de la compañía tienen la posibilidad de solicitar, de acuerdo con la entidad aseguradora obligada al pago y a costa de ésta o sin dicho acuerdo, informes periciales complementarios al Instituto de Medicina Legal (siempre y cuando no hubiera intervenido anteriormente) o a los peritos médicos privados que deseen.

El nuevo “baremo” y sus novedades

Como hemos indicado en párrafos anteriores, la Ley 35/2015 reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico (“el baremo”), que venía aplicándose desde hace más de dos décadas. Este nuevo texto legal supone un considerable incremento de la protección a las víctimas y de las indemnizaciones por este tipo de percances. Estas últimas mejoran sustancialmente, respecto a las anteriores, en caso de fallecimiento. Los daños patrimoniales pasan a agruparse en dos bloques: el perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento (400 euros de indemnización mínima) y los gastos específicos, que engloban los correspondientes al funeral, traslados, repatriación etc.

Además, la nueva norma establece una serie de mejoras para determinar las cantidades correspondientes al lucro cesante, al incorporar los trabajos no remunerados y la pérdida de capacidad laboral futura. Por otro lado, se obliga a las aseguradoras a indemnizar a los servicios de salud de las comunidades autónomas por diferentes gastos: importes médicos futuros, rehabilitación, sustitución de prótesis etc.

La nueva legislación introduce a los allegados como posibles titulares de los derechos de indemnización por fallecimiento, junto a cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos. Por último, se incorporan conceptos indemnizables inéditos hasta ahora, como la pérdida de calidad de vida.

En este contexto general de cambios y novedades legislativas se incluye el que nos ocupa: la introducción del servicio pericial independiente o complementario.

Qué es el informe pericial complementario

Esta nueva figura despliega sus efectos cuando el perjudicado por un accidente de circulación no se siente conforme con la oferta motivada y, de común acuerdo con la aseguradora y a costa de ésta, solicita informes periciales complementarios al propio Instituto de Medicina Legal o a peritos médicos particulares. La petición al Instituto sólo puede hacerse en caso de que éste no hubiera intervenido con anterioridad.

Es importante tener en cuenta que el lesionado, perjudicado o afectado también puede cursar la petición de informe pericial complementario, aún sin existir acuerdo con la compañía aseguradora. En tal caso, los gastos correrían a costa del primero si recurre a peritos médicos privados. También es posible que el Instituto de Medicina Legal encargado de realizar el informe solicite a la aseguradora la aportación de los medios de prueba de que disponga, entregando copias de los informes periciales a las partes. En este segundo caso el informe se ejecutaría igualmente a costa de la aseguradora.

¿Qué consecuencias acarrea la solicitud de informe pericial complementario?. La petición obliga a la compañía aseguradora a realizar una nueva oferta motivada en el plazo máximo de un mes, a contar desde la entrega del informe pericial complementario. Así las cosas, continuaría interrumpido el plazo de prescripción para ejercer acciones judiciales, hasta que el perjudicado tuviera conocimiento del rechazo de la aseguradora a pedir nuevos informes.

Para solicitar el informe pericial complementario es necesario, por tanto, que exista una oferta motivada por parte de la compañía de seguros del vehículo causante de los daños.

Regulación de las pericias a solicitud de particulares

El Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, regula la realización de informes periciales a solicitud de particulares, por parte de los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Esta norma ofrece la posibilidad de ejercer reclamaciones extrajudiciales por perjuicios ocurridos en accidentes de circulación, configurándose este mecanismo como previo a la vía judicial.

El objetivo de este texto legal es ofrecer a los particulares la garantía de un servicio pericial independiente, que ayude a solventar, siguiendo la vía extrajudicial, los litigios derivados de accidentes de tráfico. Se persigue, igualmente, incrementar la calidad de los informes periciales, la objetividad y un trato igualitario en cualquier parte del territorio nacional.

El Real Decreto señala que pueden solicitar un informe pericial médico complementario de valoración del daño corporal los siguientes perjudicados: la propia víctima y, en caso de fallecimiento, el cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Igualmente, pueden hacer la petición las compañías aseguradoras, obligadas a presentar una oferta motivada a los damnificados en el accidente en cuestión.

Este Real Decreto también entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016.

El texto de la Ley 35/2015 ha suscitado algunas dudas entre los peritos médicos y otros sectores. Para empezar, la aseguradora difícilmente estará de acuerdo con el damnificado en solicitar al forense un informe pericial complementario, si los médicos de la compañía han valorado previamente los perjuicios o daños personales causados. ¿Acaso la aseguradora va a ir contra el planteamiento de sus propios profesionales?.

El tiempo dirá, en resumen, si los informes periciales complementarios cumplen las expectativas puestas en ellos. En principio, parece una magnífica opción cuando aseguradora y perjudicado no se ponen de acuerdo en torno al “quantum” indemnizatorio, por existir discrepancias a la hora de determinar el alcance de los daños o de valorar éstos.

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