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Forma en que el juez valora la prueba pericial

Responsabilidad penal del perito

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Responsabilidad penal del perito

El incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo puede generar responsabilidad penal, civil y disciplinaria del perito. La exigencia de cada una de estas responsabilidades se tramita por un procedimiento diferente y puede dar lugar a la adopción de diferentes tipos de medidas, como la inhabilitación para el ejercicio de una determinada profesión o la condena al pago de una indemnización.

El Código Penal regula varios supuestos de responsabilidad penal del perito. El primero de ellos en el artículo 420 “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años”, aunque este precepto hace referencia a autoridades y funcionarios públicos, también resulta de aplicación a los peritos en la medida en que están ejerciendo una función pública al intervenir en un proceso judicial.

En los artículos 459 y 460 el Código Penal, al tratar del falso testimonio, también se hace referencia a los peritos. “Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años”. “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años”. Se distingue así entre falso testimonio propio e impropio.

La mayor dificultad para determinar la responsabilidad penal de peritos es comprobar la falsedad de la información que han proporcionado, para lo que suele ser necesario recurrir a otro perito de la misma especialidad.

Además de los anteriores, hay otros casos que pueden dar lugar a la responsabilidad penal del perito judicial o de parte, como el infringir la obligación de emitir dictamen o de acudir a la vista. En este caso se discute si se trata de un delito de desobediencia y denegación de auxilio de los previstos en el artículo 412 del CP, de un delito de desobediencia a la autoridad judicial (artículo 556 CP) o de una falta de desobediencia a la autoridad judicial (artículo 634 CP). No habiendo acuerdo sobre la forma en que debe considerarse esta actitud del perito.

En los artículos 558 y 633 del CP se regulan conductas delictivas que también pueden dar lugar a responsabilidad penal de los peritos. Aquí se contemplan las conductas que supongan una alteración del orden público, causando perturbaciones graves o leves al orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado.

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