Responsabilidad del perito en caso de emitir falso testimonio

La responsabilidad del perito se produce cuando el mismo no actúa de la forma correcta, ya sea por incumplir la legalidad o por infringir las normas deontológicas propias de su profesión.

Al margen de la responsabilidad disciplinaria del perito y la responsabilidad civil del perito, la más grave es sin lugar a dudas la responsabilidad penal del perito.

La legislación determina que el perito tiene la obligación de decir la verdad y actuar de forma objetiva, tanto en la redacción de su informe como en la ratificación o en las comparecencias que tenga que hacer en relación con ese dictamen.

El incumplimiento de estas obligaciones es en realidad un delito contra la Administración de Justicia, tipificado en los artículos 458 a 460 del Código Penal (que también regulan el falso testimonio de los testigos). Esta norma determina que los peritos que falten a la verdad de forma maliciosa, es decir, de forma consciente e intencionada, podrán ser castigados por un delito de falso testimonio.

Dicho delito se sanciona con penas privativas de libertad e inhabilitación especial para profesión, oficio, empleo o cargo público por plazo de seis a doce años.

Sobre esta cuestión la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado que para que pueda hablarse de falso testimonio en una prueba pericial es necesario que la declaración del perito sea falsa; que haya faltado a la verdad de forma maliciosa y que haya presentado de forma intencionada una declaración o informe falso, aunque no exista en él la voluntad consciente de provocar perjuicio a la Administración de Justicia.

Los peritos enjuiciados por prestar falso testimonio pueden ser además sancionados por el Colegio Profesional al que pertenezcan. En este caso se llevará a cabo un procedimiento sancionador en el que el acusado podrá presentar las pruebas que estime pertinentes.

Si se estima que el perito es responsable del hecho acusado, se le puede imponer una sanción económica e incluso se le puede llegar a suspender de colegiación. En función de la gravedad del hecho y de lo que dispongan los Estatutos del Colegio, la suspensión de colegiación podría llegar a ser definitiva, de forma que el responsable nunca podrá volver a ejercer su profesión.

Todo esto se deriva de la obligación legal que se impone al perito de actuar con objetividad e imparcialidad. Para evitar al máximo que puedan darse casos de falso testimonio, se regula el proceso de recusación del perito, que permite apartar del proceso a aquel perito que puede tener un interés directo o indirecto en la resolución del mismo y que por tanto podría no llegar a ser todo lo objetivo que requiere una prueba tan importante como lo es la pericial.

Además, si el falso testimonio del perito ha causado daños a alguna de las partes en el proceso, estas podrán iniciar contra él un proceso de exigencia de responsabilidad civil para percibir una compensación por el daño que han sufrido.

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