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Cómo se establecen los honorarios de los peritos judiciales

La Ley 15/2007, de defensa de la competencia

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Cómo se establecen los honorarios de los peritos judiciales

La Ley 15/2007, de defensa de la competencia, marcó un antes y un después a la hora de fijar los honorarios del Perito judicial . El artículo 1 de dicho texto legal prohíbe el establecimiento, de manera directa o indirecta, de precios, recomendaciones colectivas o condiciones comerciales, por contribuir éstos a restringir la competencia en todo o parte del mercado. Con la entrada en vigor de esta norma, por tanto, dejaron de ser legales los tradicionales baremos orientativos, que colegios profesionales y asociaciones dirigían a sus colegiados o asociados, con el fin de regular la actividad de los mismos, incluida la pericial judicial y de parte.

En 2013, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), impuso una sanción de 30.000 euros a una conocida asociación de peritos, por emitir recomendaciones a sus asociados en relación con los honorarios profesionales. El documento redactado por la organización se denominaba “Tarifas recomendadas para informes de tasaciones y valoraciones” y la CNC tuvo conocimiento de su existencia a través de la web de la propia asociación.

La Comisión concluyó que dicho documento suponía una restricción a la competencia en el mercado de la pericia. En el texto se establecían clasificaciones genéricas de servicios, a las que se asignaban unas tarifas mínimas y máximas. El Consejo de la CNC calificó como muy grave dicha conducta, al eliminar la incertidumbre en el establecimiento de precios y publicarse las tablas, además, en la web de la asociación.

Una vez desaparecidos los baremos, ¿cómo establecen los peritos sus honorarios?.

Estimación de gastos

Los peritos judiciales han de realizar una estimación de gastos, incluyendo los siguientes conceptos y otros análogos: tipo de peritación (laboral, penal, civil…), desplazamientos, pernoctaciones, comidas, kilometraje, tiempo empleado en la redacción de informes periciales , gastos de material, grado de dificultad técnica etc.

Los honorarios resultan de sumar las cifras de todos estos conceptos. La horquilla en la que se mueven es bastante amplia, porque las periciales pueden versar sobre temas de lo más variopinto y, además, las condiciones y características son dispares en cada caso.

Peritaciones judiciales y de parte

Existen notables diferencias a la hora de fijar y cobrar los honorarios en las peritaciones de parte y en las judiciales. En el primer caso, el cliente se pone en contacto con el perito para plantearle la cuestión a valorar. Éste confecciona un presupuesto, que entrega al demandante de sus servicios. Tras la aceptación, es usual que el último pague previamente un porcentaje a cuenta de la liquidación final. Una vez entregado el informe pericial debe ser emitido por un Perito judicial , el perito cobra la cantidad restante.

En la designación judicial, el procedimiento es bien diferente. Tras la misma, el perito dispone de un plazo de dos días para aceptar o renunciar al cargo. En caso de respuesta positiva y tras el nombramiento, procede a jurar o prometer según lo estipulado en el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a solicitar, en un plazo máximo de tres días, la provisión de fondos que estime oportuna a cuenta de la liquidación final y para cuya elaboración se realiza la estimación de gastos antes reseñada.

Los peritos suelen pedir la totalidad de sus honorarios en la provisión de fondos, con independencia de la solicitud de liquidación final correspondiente. Hasta que el dinero no se ingresa en la cuenta bancaria del juzgado no comienzan su actividad. Eso sí, deben ser coherentes y ajustados a la hora de realizar la estimación, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional podría considerar abusiva la petición.

El secretario judicial, mediante decreto, es el encargado de aceptar o no la provisión de fondos. En caso afirmativo, se dirige a las partes que propusieron la pericia y les ordena el pago de la cantidad en cuestión, fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal. Tienen un plazo de cinco días para realizar dicha operación, siempre y cuando no exista derecho a la “justicia gratuita”.

Pero, ¿qué ocurre cuando vence el plazo y los obligados no proceden a abonar la cantidad reseñada?. En tal caso, el perito queda eximido de su labor y, además, no puede procederse a una nueva designación.

Cuando el perito se hubiera designado de común acuerdo y una de las partes no hubiera realizado el pago que le correspondiera, el órgano judicial ofrecerá a la otra la posibilidad de completar la consignación o de recuperar la parte aportada, con las consecuencias marcadas en el anterior párrafo en este último supuesto.

Un ejemplo: honorarios informes periciales por negligencia médica Muchos informes periciales de los peritos médicos tienen como objeto hipotéticas negligencias o malas praxis profesionales. ¿En qué consisten éstas?. Son actos realizados incorrectamente por parte de algún proveedor de asistencia sanitaria pública o privada, quien apartándose de los estándares médicos usuales, inflige daños físicos o psíquicos a uno o varios pacientes. El error del profesional ha de probarse por testimonios expertos de no ser obvio. Debe existir una relación de causalidad entre aquél y la lesión producida. Es necesario que exista algún tipo de daño (físico, emocional, económico…), para que pueda instarse la oportuna reclamación. En caso contrario, no procede la misma, a pesar de ser efectiva la negligencia del personal médico implicado.

Las negligencias médicas de la sanidad privada se reclaman por la vía civil. Los honorarios por informes periciales de parte suelen oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros. La elección del perito médico no es una cuestión baladí, pues es preciso realizar exploraciones pormenorizadas y sus conclusiones son elementos básicos en los argumentarios de los abogados.

En el caso de la sanidad pública, se inicia un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial ante la correspondiente administración sanitaria. En gran parte de los casos debe recurrirse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa. Por otra parte, también es posible reclamar directamente contra el médico implicado, a través del orden penal. Los honorarios de los peritos, en ambos casos, son análogos a los plasmados en el párrafo anterior.

Con la desaparición de los baremos orientativos, en resumen, los peritos judiciales deben realizar una estimación general de los gastos, a la hora de establecer los oportunos honorarios. Como señalamos anteriormente, estos últimos suelen solicitarse íntegramente en la provisión de fondos, para evitar la indefensión que supone el retraso o impago de la liquidación definitiva, por parte de los obligados, una vez concluido y entregado el informe pericial.

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